De acuerdo con la norma, las elecciones internas complementarias deberían realizarse 10 días antes de la inscripción de candidaturas. Es decir, como máximo el 4 de junio. Especialistas alertan que esta ley contraviene principios de separación de poderes y prescripción de etapas, además que contravenir el impedimento de iniciativa de gasto.
Pese a la oposición de distintos sectores, el Congreso promulgó este miércoles la ley que otorga un plazo excepcional para inscribir candidatos a elecciones internas y realizar comicios internos complementarios para las Elecciones regionales y municipales de este año, reabriendo así un calendario establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Expertos consultados por El Comercio advierten que esta ley es inejecutable y, además, afectaría principios democráticos básicos.
El abogado Jorge Jáuregui, experto en temas electorales indicó que se trata de una normativa inejecutable porque afectará el principio de prescripción de etapas.
“Pretenden que se abra el registro de candidaturas en elecciones internas y se realicen internas complementarias cuando esa etapa precluyó. La norma busca infringir ese principio y es inconstitucional, pues se ha reconocido que un estándar básico es respetar la preclusión de etapas. Se desnaturaliza el proceso electoral cuando no se respetan etapas”, detalló.
El segundo principio que esta ley contraviene es la separación y equilibrio de poderes, dijo Jáuregui. “Pretenden tener injerencia en la autonomía de organismos electorales porque buscan, como una suerte de tribunal de última instancia, corregir lo que el JNE resolvió de cerrar los plazos. Es muy grave, no es adecuado”, cuestionó.
Enith Pinedo, especialista en temas electorales, agregó que el concepto de elecciones internas complementarias no tiene ningún precedente. “Los cronogramas se vencen. El 14 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones. Ya se realizaron las internas. Además, está [la propuesta] desfasada con el cronograma electoral y hay hechos que no se pueden cambiar”, advirtió. Por ello, consideró que el JNE como ente jurisdiccional podría no aplicarla.
Las elecciones internas se realizaron de acuerdo con el cronograma aprobado mediante una resolución por el JNE.
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De otro lado, José Tello, especialista en temas electorales, agregó que si se aplicara esta ley tendría que hacerse solo en lugares donde no hubo elecciones internas o donde se declararon nulas. “Si se llevó a cabo bien, la elecciones internas no se pueden hacer”, dijo. Además, por cuestiones de plazos, considera que esta ley no sería viable.
“Lo veo poco viable porque se tendrían que realizar hasta el 4 de junio [la ley indica en su artículo 2 que estas elecciones complementarias se realizarían hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos, el 14 de junio]. Considero que los organismos tendrían que decir si se puede cumplir o no con la norma. Es un proceso que tiene que ser garantista. En 10 días es inviable que se haga eso”, comentó.
En vista a estas circunstancias, Jáuregui dijo que no es posible que el JNE y la ONPE apliquen lo dispuesto por la ley, pues no existen los plazos.
“Estamos en el periodo de impugnaciones y hay un conjunto de plazos que se debe garantizar”, dijo. Pinedo coincidió en que además del sufragio se deben considerar los otros pasos del proceso, como las tachas y su resolución. “Es contraproducente, un desconocimiento de lo que se está desarrollo, cuestionable”, incidió.
Tello añadió que lo establecido para el 14 de junio no es variable pues es un plazo de la ley electoral. “Hay algo que preocupa: se afecta el impedimento de iniciativa de gasto del Congreso. Sí afecta el erario nacional porque se está diciendo al organismo electoral que lleve adelante una elección complementaria y estaría vulnerando este impedimento”, dijo.
Esta ley fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 28 de abril a partir de un proyecto propuesto por el congresista José Arriola, de Acción Popular. El partido no logró inscribir en los plazos a precandidatos para la alcaldía de Lima, otros distritos y regiones.
Sin embargo, la norma no fue observada por el Ejecutivo pese a que el JNE y la ONPE emitieron un comunicado advirtiendo que no era viable “el cambio de reglas electorales estando en curso el proceso electoral”.
Debido a su inconstitucionalidad, Jáuregui considera que las instancias electorales no deberían aplicar la ley “porque están obligados a hacer prevalecer la Constitución sobre una ley que es infractora del orden constitucional y principios en base al artículo 51 de la Constitución”. Tello coincidió en que estas instancias podrían sustentar también que lo publicado no es aplicable. Aún no hay una posición definida al respecto en las instancias electorales involucradas.
Intenciones
Jorge Jáuregui advirtió que la intención de esta ley es que “entren [al proceso electoral] personas que no estuvieron en la lista anterior, con lo cual tendríamos que ir a una nueva interna, pero ya no hay tiempo para eso”. Tello considera que estas se abrirían en lugares donde no hubo internas o se anularon.
Jáuregui consideró que este es un intento de incluir “a quienes quieren. Lograr ese objetivo a costa de hacer un proceso electoral irregular”.
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